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Conflictos Agrarios Y Paz En Colombia (Tercera Parte)

Nacional
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Foto: nelsonlombana.wordpress.com

La resistencia a los cambios de una oligarquía parasita, latifundista y violenta

Por: Hubert Ballesteros Gómez- Prisionero Politico/. La estructura de la propiedad rural en el país se ha caracterizado por la prevalencia del latifundio y una alta concentración que durante las últimas décadas, no ha hecho más que agudizarse. Entre el 2001 y el 2010, el índice de Gini de la concentración de la tierra pasó de 0,80 a 0,86 (Ibáñez y Muñoz, 2010, p. 1), uno de los más altos del mundo. Factores como el dominio hacendatario durante la Colonia, los procesos de colonización, las políticas a favor delos grandes propietarios,  el narcotráfico, la expansión de la ganadería extensiva y los agronegocios, han configurado mediante formas violentas (paramilitarismo) la  estructura agraria actual.

Las contradicciones que se dan en el campo, son de diferente tipo y abarcan no solo a campesinos pobres  y sin  tierra, también hay contradicciones entre  grandes propietarios y latifundistas  por el uso del suelo y el modelo de desarrollo rural.

La corona  española impuso como instituciones económicas para el campo: La Servidumbre, la Esclavitud, la Mita, el Terraje y el Peonazgo.  El conflicto más antiguo se dio entre invasores españoles y población nativa, posteriormente entre  encomenderos y la corona española estando de por medio también la población nativa; más adelante, entre  mitayos, hacendados, mineros,  grandes terratenientes,  campesinos pobres, colonos y jornaleros.

Hoy los conflictos agrarios  han variado un poco, subsistiendo  aun en muchos lugares algunos de carácter histórico, y apareciendo otros nuevos,  tanto de carácter económico como político: Los legítimos reclamos de sus territorios ancestrales, por parte de la población nativa, la aspiración de los campesinos sin tierra a ser propietarios, los pequeños propietarios y productores campesinos exigiendo un modelo de desarrollo rural que incluya la economía parcelaria, la población afrodescendientes haciendo valer sus derechos territoriales consagrados en la  ley 70/93, los conflictos por el territorio entre las comunidades rurales y las transnacionales mineras, energéticas,  de plantaciones forestales y de producción de materias primas para agro-combustibles; y el más importante, el de los pobladores del campo con las empresas nacionales y extranjeras que pretenden apropiarse del agua para privatizar su servicio y definir su uso, teniendo en cuenta las exigencias de la industria y el comercio y no las necesidades humanas.

 En la actualidad  y de forma muy simple, podríamos tipificar los conflictos de la siguiente manera:

a)     a) Por el territorio.

b)     b) Por reconocimiento político.

c)      C) Por los derechos laborales de los asalariados agrícolas.

d)      d) Por el acceso a la tierra y contra la actual concentración de la propiedad.

e)      e) Por un modelo de desarrollo rural incluyente de la económica campesina.

En este orden de ideas, podríamos describir de la siguiente manera los elementos  centrales de cada uno de ellos.

La defensa del territorio como concepto que hoy comparten las comunidades Indígenas, Afrodecendientes y campesinas los  ha llevado en ocasiones a enfrentar enemigos comunes  como las empresas privadas nacionales y  transnacionales,  oponerse   a planes de gobierno que amenazan su territorialidad y pervivencia; también en  ocasiones y de manera lamentable, ha controversias y conflictos de carácter interétnico.

Teóricamente, dentro del espectro de las comunidades rurales, los pueblos indígenas y las comunidades afrodecendientes, cuentan con un reconocimiento político que se expresa en normas especiales  en la llamada discriminación positiva. Para el caso de los pueblos  indígenas,  en una jurisdicción  especial  en materia de justicia y una participación electoral para elegir representantes a la cámara y senadores. Las comunidades afrodecendientes por su parte,  además del reconocimiento a su territorio pueden elegir representantes a la cámara  dentro de una circunscripción  especial para negritudes. En el caso de  los campesinos mestizos, no cuentan  con ninguna de estas prerrogativas, tan solo y  a partir de la ley 160/94 lograron conquistar el derecho a la conformación de Zonas de Reserva Campesina, sin que se haya logrado para ellas las condición especial de inembargables, imprescriptible e inalienables que si poseen las otras dos formas de  territorio: los resguardos indígenas y los títulos colectivos de los consejos comunitarios de negritudes.

Aunque en esta materia podríamos decir que los campesinos son los menos favorecidos con la denominada  discriminación positiva, la verdad, es que tanto los afrodecendientes como los indígenas consideran insuficientes  las normas que  hacen efectivo el reconocimiento político  por tal razón  mantienen dentro de sus plataformas de lucha la exigencia de un verdadero e integral reconocimiento de sus derechos  como minorías de la nación. Una de las exigencias actuales del campesinado colombiano, es la adopción por parte del gobierno nacional de la declaración universal de los derechos de los campesinos proclamada por la Naciones Unidas.

Históricamente los asalariados agrícolas y en especial los llamados jornaleros han estado relegados e incluso al margen de los derechos que tienen como trabajadores. Lo poco que en esta materia se había logrado conquistar, ha venido siendo recortado por las sucesivas reformas al sistema laboral y de seguridad social. Situación crítica ha alcanzado este sector con la flexibilización laboral que trajo consigo la tercerización que convierte sus derechos laborales y prestacionales en contratos  de tipo comercial mediante las distintas figuras que se han creado, y que  benefician a los patronos del sector de la agroindustria  y de la agricultura comercial.

Las dificultades para organizarse y reclamar los derechos de los jornaleros y asalariados agrícolas, no han sido solamente de tipo legal. La represión  estatal y paraestatal ha jugado un papel   nefasto,  trayendo como consecuencia  la escasa taza de sindicalización  y  los  pobres resultados en las reclamaciones hechas por este sector de los trabajadores colombianos.

Nuestro país  ocupa entre otros deshonrosos  lugares, el de ser uno de los de mayor concentración de la propiedad de la tierra en el mundo. Ni las reformas agrarias de hecho  realizadas por las comunidades rurales, ni las tibias medidas de distribución de la propiedad  emprendidas por el Estado han logrado eliminar tan monstruosa desigualdad en la tenencia de la tierra. Esa tenencia inequitativa  a defectuado en un uso  inapropiado del suelo según su vocación proliferando, la praderización excesiva y la propiedad especulativa afectando la producción agrícola y el empleo rural.

Según datos de la Misión Rural del Ministerio de Agricultura,  la población rural en Colombia  que carece de tierra, o la posee de manera insuficiente alcanza los  ocho millones de habitantes mientras que un porcentaje   reducido de los propietarios concentran  más de cuarenta y cinco millones de hectáreas.

Los conflictos entre terratenientes y campesinos sin tierra son de vieja data. Las sucesivas leyes de “Reforma Agraria” desde la ley 200/1936 hasta la actual ley 160/1994, han sido poco y casi nada efectivas para revertir la tendencia concentradora de la propiedad rural; la corrupción administrativa y la violencia han sido motor de la contrarreforma agraria.

Mediante esa combinación perversa de corrupción y violencia la oligarquía  ha logrado el objetivo   de marginar de la propiedad sobre la tierra a millones de colombianos.

El capitalismo por  esencia  es enemigo del campesinado pues  requiere para su desarrollo despojar al trabajador  de la propiedad sobre los medios de producción y en el caso rural, significa  despojar al pequeño y mediano propietaria de su tierra y  convertirlo en jornalero. De esa manera asegura la mano de obra barata que necesita para su expansión como sistema en la agricultura

El modelo de desarrollo rural que se  viene implementando, busca  que la producción agropecuaria se ajuste a lo que sería un modelo  capitalista tradicional,  con el cual se corregirían elementos de viejas formas como  la hacienda colonial y aunque busque lo que ellos llaman “modernización”  de la producción sigue privilegiando  la gran propiedad, los monocultivos y la producción de  materias primas para la exportación y los agrocombustibles.

Otro elemento supremamente negativo del actual modelo, es el de estar cumpliendo con planes de la Organización Mundial del Comercio OMC y del Banco Mundial en cuanto a las definiciones globales sobre producción y comercio, que se traducen en nuestro país en planes  de ordenamiento territorial rural y programas de “reconversión productiva” (Destrucción de la soberanía alimentaria).

Estas definiciones políticas, planes y programas afectan profundamente la visión y los objetivos de las comunidades rurales. Todas ellas relegan, desconocen y,   propenden  acabar con la producción parcelaria o campesina.

El triste y pobre papel que la OMC le ha dejado al campo colombiano  como productor de materias primas para  la producción de agrocombustibles ha destruido la soberanía alimentaria, la cultura ancestral de los pueblos indígenas y afrodecendientes, está convirtiendo el campo en un enorme desierto e impulsa al campesinado a entrar en  la economía ilegal de los cultivos de coca.

Para superar este estado histórico permanente de conflictividad rural,  Colombia requiere un nuevo modelo económico y un modelo multimodal de desarrollo rural. En él deben tener plena vigencia los derechos  territoriales de los pueblos indígenas, las comunidades afrodecendientes y los campesinos, es necesario incluir  un ordenamiento territorial en el cual se reconozcan de manera integral  los derechos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales de los habitantes rurales.

Como es obvio deducir, estos conflictos no se presentan por generación espontánea, detrás de cada uno de ellos hay grupos de poder que presionan legal  e ilegalmente para que no se resuelvan, o se resuelva a su favor.

Empresas nacionales  y transnacionales y sus agentes en el gobierno, buscan que se expidan leyes que  garanticen  a sus inversiones altas tazas de ganancias en el saqueo de nuestros recursos naturales,  y que las medidas represivas del régimen, limpien el territorio de las molestas resistencias de las organizaciones campesinas, indígenas, de afrodecendientes y ambientalistas.

Los empresarios de la agroindustria y la agricultura comercial por su lado, desean seguir contando con mano de obra barata  para sus plantaciones, por lo tanto presionan al gobierno, para que se profundice la flexibilización laboral y se cargue a los trabajadores con aumentos en las cotizaciones para la seguridad social, solicitando  en cambio para ellos, exenciones de impuestos y menores contribuciones al sistema de salud y seguridad social.

 

Por  su parte, los latifundistas ganaderos y especuladores, desean mantener el modelo de  ganadería extensiva y tenencia especulativa de la propiedad, para que sea  la valoración y no la producción la que les produzca la renta. Estos se oponen tanto a la modernización de la agricultura como a la reforma agraria.

Vemos además que los grupos de poder político, quieren mantener al campesinado atado a sus partidos y propuestas políticas, considerándolos solo aptos para elegir, pero sin posibilidades de hacerse representar como sector  en las instancias de decisión del poder público. Para la oligarquía, hemos sido a lo largo de la historia republicana. Carne de cañón para pelear sus guerras, votos para sus aspiraciones electorales, molestos reclamantes de derechos sociales y económicos y base social de la insurgencia; como quien dice, “guerrilleros en potencia”.

La globalización de la economía con sus tratados de libre comercio sumados a las lesivas políticas y normas impuestas por la OMC, el FMI, el BM, el Banco Interamericano de Desarrollo BID y la FAO, son en esencia quienes definen los Modelos de  desarrollo rural de casi todos las países del planeta.

 Tierras, producción, comercio, semillas, agua y tecnologías,  pasan por el filtro de los intereses de los grupos que controlan estos organismos. A ellos se acomodan las oligarquías nacionales buscando no quedarse por fuera del reparto de  las ganancias y beneficios que trae la producción y el comercio de los bienes que se producen en  el mundo rural.

La variedad y  complejidad de los  fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales que  constituyen la problemática del campo colombiano, más los intereses de los diferentes grupos de poder, entre ellos algunos bastante poderosos y violentos,  nos hacen temer lo difícil que será la implementación de los acuerdos de la Habana en materia de Desarrollo Rural, Participación Política y Drogas Ilícitas.

La agenda de la Cumbre Agraria al igual que las de cada una de las organizaciones sociales y políticas de Marcha Patriótica y el Frente Amplio por la Paz deben dar prioridad al estudio, difusión y elaboración de propuestas que hagan posible la materialización de lo que se acuerde finalmente    en la Habana.

Sólo  la superación de las causas de los conflictos  rurales, será garantía de una paz estable y duradera.

Cárcel la Picota Pabellón de Alta seguridad Bogotá D.C.  Enero 5 de 2016.